Las empresas sociales

Text published in Laville, Jean-Louis (ed.), Economía social y solidaria. Una visión europea, Fundación OSDE – Universidad Nacional de General Sarmiento, Editorial Altamira, Buenos Aires, 2004.

La ausencia de definición, y por consiguiente de reconocimiento jurídico de la empresa social, puede explicarse por razones históricas que se remontan al siglo XIX, ligadas al modo de institucionalización de las organizaciones económicas y a la compartimentación entre organizaciones que tienen una actividad económica y organizaciones con una finalidad social.

Las investigaciones internacionales cada vez más numerosas dan cuenta de las prácticas que emergen desde aproximadamente veinte años. En dos países, Italia y Bélgica, estas iniciativas incluso han entrañado modificaciones legislativas para responder mejor a su especificidad. Los trabajos intentan definir desde un punto de vista jurídico lo que caracteriza las empresas sociales en Europa y plantean las premisas de lo que podría ser una pauta europea en este dominio.

En Francia, ya sea en materia de inserción por lo económico o de realización de actividades que tienen una utilidad colectiva, las iniciativas que pueden reconocerse en el concepto de empresa social son cada vez más numerosas. La misión sobre La oportunidad de un nuevo tipo de sociedad con vocación social, confiada por Martine Aubry, Ministra del Empleo y la Solidaridad, a Alain Lipietz [1999, 2000] permitió impulsar la reflexión, por un lado dentro de las redes de la economía social y solidaria y por otro entre estas redes y los poderes públicos. Las consultas regionales de la economía social y solidaria [2000] vinieron a nutrir así la reflexión. Dado que emergen demandas de reformas legislativas o reglamentarias, se producen numerosos desafíos y debates que resulta conveniente especificar.

Estos cuestionamientos conciernen especialmente:

  • a las modalidades de funcionamiento socioeconómico de la empresa social;
  • a la cuestión de su funcionamiento democrático y las relaciones entre los usuarios, asalariados, voluntarios y poderes públicos;
  • y finalmente a la constitución de un tercer sector de economía solidaria y las relaciones que mantienen estas experiencias con los poderes públicos.

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